Ponente
Descripción
El especialista fundamenta el acceso al conocimiento como un derecho humano esencial sustentado en los artículos 19 y 27 de la Declaración Universal de 1948 y alineado de manera transversal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Destaca que América Latina no siguió la tendencia global de la Ciencia Abierta, sino que la anticipó por más de dos décadas a través de iniciativas como SciELO (1997), Redalyc (2002) y las declaraciones de Santo Domingo (1999), Salvador de Bahía (2005) y Medellín (2015).
Bajo el marco normativo de la Recomendación de la UNESCO (2021), reafirma que la ciencia debe gestionarse como un bien público mundial accesible universalmente y guiado por la equidad, la transparencia, la diversidad y la inclusión.
A través de los datos del informe de la UNESCO (2025) y del reporte regional ALMASI (2025), la ponencia evidencia una profunda grieta entre la práctica cooperativa de la región y su formalización institucional.
Si bien América Latina muestra un desempeño óptimo en colaboración multinacional de infraestructura (100%), prácticas de investigación abiertas (100%) y comunicación abierta (100%), padece una marcada brecha de financiamiento: solo el 50% integra la ciencia abierta en la financiación de investigaciones (frente al 94% en Europa y Norteamérica) y apenas un 25% cuenta con hojas de ruta o sistemas de seguimiento nacionales.
Además, aunque la región alberga 5,821 revistas de Acceso Abierto Diamante con una alta indexación (71% en OpenAlex), el modelo enfrenta una severa vulnerabilidad por depender mayoritariamente de trabajo voluntario no remunerado ni recompensado formalmente.
Frente a este escenario y respondiendo a la consulta global de la UNESCO (donde un 82% favorece una iniciativa global con liderazgo regional), la sesión concluye articulando las propuestas de la Hoja de Ruta de Bengaluru.
Se insta a los gobiernos a consagrar el acceso abierto en marcos legales nacionales como derecho humano, redirigir el gasto recurrente de cargos por publicación (APC) hacia infraestructuras abiertas y sostenibles, y reformar los sistemas de evaluación académica para valorar la labor editorial y la revisión por pares sobre los factores de impacto comerciales, erradicando la escasez artificial impuesta por los muros de pago.